De las más de 100 medidas que contiene el plan Estrategia Nacional de Energía a 2030, lanzado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera, una de ellas despertó especial inquietud en la industria eléctrica. La sola idea del Gobierno de evaluar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales termoeléctricas generó ruido y sorpresa en un sector que hoy representa el 30% de la matriz de generación del país.

Ruido, porque si se fija un gravamen, las plantas carboneras deberán incorporar nueva tecnología para mitigar las emisiones de CO2 que hoy generan, encareciendo, con ello, sus inversiones. Esto se daría en momentos en que las empresas están invirtiendo del orden de US$ 1.000 millones para adecuarse a la nueva norma de emisiones para las termoeléctricas que se dictó recién el año pasado. Y sorpresa, porque si bien el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el propio Presidente Piñera, habían planteado la opción de establecer “impuestos verdes”, en el sector empresarial había dudas sobre si finalmente la idea prosperaría.

Un ejecutivo de una eléctrica confirma que “el tema se venía monitoreando desde hace un tiempo, pero no sabíamos que se iba a lanzar ahora, y eso nos sorprendió”. Otro ejecutivo de una generadora, agrega: “Sabíamos que el gobierno analizaba alternativas para promover una matriz más limpia, pero nos descolocó que se incorporara como una de las ideas del plan”.

En el Gobierno aclaran que no es una decisión que esté tomada, que se trata sólo de una alternativa y que tampoco hay un plazo perentorio para decidir. El Gobierno también analiza otras opciones: que las eléctricas compensen sus emisiones con plantaciones forestales o implementar un mercado de bonos de carbono. Todas tendrán impacto en precios. “Para tener una matriz más limpia, hay que asumir mayores costos”, dice una autoridad.

“Energía segura, limpia y barata”. Ese fue uno de los objetivos del programa energético de Sebastián Piñera. Pero un eventual tributo a la emisión de las carboneras tendría un efecto contrario en los precios de la energía, alertan en el sector privado, con el agravante, explican, que hoy Chile tiene una de las energías más caras del continente.

Expertos advierten que un posible gravamen subirá los costos de inversión y operación de las generadoras a carbón, y que en el corto o en el largo plazo el alza se traspasará a los clientes. “Las mayores exigencias ambientales y la incorporación de nuevas tecnologías se traducirán, necesariamente, en un encarecimiento del desarrollo a carbón”, afirma René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile.

Un impuesto tendría implicancias relevantes en la industria, sostiene Muga, dado que el 51% de los proyectos eléctricos con aprobación ambiental son a carbón y el 42% de las iniciativas hoy en construcción usarán ese combustible. El energético no es el único sector que aporta con CO2, indica. “La energía genera el 27% de las emisiones de Chile; el transporte, entre el 25% y 30%; la agricultura, el 20%, y la industria otro 20%”, detalla.

Para María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la CNE, el impacto para los usuarios no está en discusión. En lo inmediato, afirma, los mayores costos no afectarían las tarifas a clientes residenciales, pues desde 2010 las cuentas de los hogares dependen mayormente de las licitaciones de suministro. Pero, aunque esos contratos duran de 12 a 15 años, existe una ventana en la que se sentiría el efecto de un nuevo tributo. “Esas licitaciones aseguran los consumos de los primeros tres años, pero después deben hacerse nuevas licitaciones para cubrir el crecimiento que tendrá la demanda. Ahí, la tarifa para esos nuevos consumos recogería el impacto de los mayores costos de generación que significaría el nuevo impuesto”, agrega Renato Agurto, de Synex. Coincide Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica. “Si se definiera hoy un impuesto, el efecto para los clientes residenciales se sentiría desde 2014 en los nuevos precios licitados”, añade.

Fuente: La Tercera